INVESTIGAN CONFLICTO por DESARROLLO INMOBILIARIO en PLAYA LAS COCINAS
Exigen respeto a zona federal marítimo terrestre
Habitantes, pescadores y activistas de comunidades como Emiliano Zapata, Nuevo Corral del Risco e Higuera Blanca mantienen protestas contra la empresa Cantiles de Mita, filial de Grupo DINE. El motivo es la construcción de una escollera y un complejo turístico de lujo que, según los inconformes, invade la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).
La comunidad demanda el retiro de las obras a una distancia de 20 metros para garantizar el libre acceso público y proteger las áreas de desove de tortugas marinas. La constructora concluyó el muro de rocas bajo el argumento de contar con permisos federales y buscar la contención de la erosión costera.
Suman órdenes de aprehensión contra manifestantes
La Fiscalía General del Estado de Nayarit, encabezada por Elvia Ludmila Heredia Verdugo, giró órdenes de aprehensión contra personas involucradas en las movilizaciones. Los delitos imputados incluyen amenazas, daño en las cosas, asociación delictuosa y apología del delito.
Ante estas medidas, la defensa jurídica de los ciudadanos promovió juicios de amparo. Jueces federales otorgaron suspensiones provisionales para frenar las detenciones a cambio de garantías económicas que oscilan entre los 3,500 y los 8,000 pesos. Organizaciones civiles califican el actuar institucional como criminalización de la protesta social.
Exhiben pago de 21 millones por licencia municipal
El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, presidido por Héctor Santana García, autorizó los permisos de construcción para este desarrollo inmobiliario de más de 58 mil metros cuadrados. El recibo oficial detalla un cobro por la cantidad de 21 millones 528 mil 481 pesos.
El alcalde Santana García deslindó a la administración municipal de las afectaciones en la zona de playa. Argumentó que el cobro corresponde a derechos normales de urbanización y que la regulación de la ZOFEMAT compete exclusivamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
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